La Comisión Europea develará el plan de recuperación económica de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027, con el objetivo de reactivar la economía una vez pase la pandemia de COVID-19.
Aunque todavía se desconocen los detalles de la ayuda, Martin Selmayr, representante de la Comisión en Viena y exsecretario general de la Comisión Europea, adelantó unas cifras.
La propuesta contará con 500.000 millones de euros durante dos años, los cuales se financiarán mediante la emisión de deuda por parte de la Comisión Europea, con el aval del presupuesto comunitario.
El apoyo será otorgado a los gobiernos a través de transferencias directas y préstamos bajo el compromiso de implementar reformas en línea con las prioridades comunitarias.
La mayor parte del dinero estará destinado a ayudar a los países más afectados por la crisis, mientras que el resto servirá para respaldar al sector privado y movilizar sus inversiones, así como para darle fuerza a los programas sanitarios o científicos.
También la Comisión Europea pretende apoyar reformas estructurales e inversiones en los sectores más afectados, centrándose en la transición ecológica y digital.
Asimismo, la Comisión Europea le planteará a los Estados miembros de la UE que el fondo esté financiado por la emisión de bonos europeos por parte de la Comisión Europea. No obstante, queda descartada la idea de que carezcan de una fecha de vencimiento, tal como planteó España con el concepto de deuda perpetua.
Dicho plan deberá recibir la aprobación de todos los Estados. Sin embargo, desde sus inicios, el plan ha segmentado los países europeos en dos bandos: el sur y el norte, cuyas diferencias en cuanto al diseño del plan están profundamente marcadas.
Las divisiones en la Comisión Europea
Por un lado, Francia y Alemania proponen crear un fondo de recuperación con 500.000 millones de euros, respaldado con la emisión de deuda por parte de la Comisión Europea. Este será distribuido solo en forma de transferencias presupuestarias.
En cambio, Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia rechazan la mutualización de la deuda, piden que todas las ayudas del fondo sean préstamos y se rehúsan firmemente a aumentar el presupuesto. Previamente habían rechazado ir más allá del 1 % de la renta nacional bruta conjunta de la UE, lo que implicaba recortar en 71.000 millones la propuesta en desarrollo.
De igual modo, Italia, España, en línea con Francia y Alemania y los países del sur, apoyan la idea de que las ayudas deberían llegar como subvenciones a fondo perdido, puesto que los préstamos incrementarán la ya abultada deuda pública de algunos de los países más afectados por la crisis.
Pero los “austeros” del norte prefieren que sean préstamos en términos favorables y con condiciones. Esto implica que cada Estado deberá devolver por su cuenta aquello que reciba. Por otra parte, las subvenciones vendrían directamente del presupuesto común, por lo que sería costeada por todos.
Con esta propuesta de la Comisión Europea inicia el período de negociaciones hasta alcanzar una decisión unánime. Posteriormente, el plan de ayuda debe ser aprobado por el Parlamento Europeo para su implementación.