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- El presidente desestimó las críticas de gobiernos extranjeros que aseguró vendrán después de este anuncio.
- La agencia calificadora de riesgo Fitch recortó la calificación crediticia de El Salvador, argumentando un probable incumplimiento.
- Bukele defendió su lucha “Guerra contra las pandillas criminales” en el país que le han granjeado un inmenso apoyo popular.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que buscará la reelección en los comicios de 2024, a pesar de que la Constitución del país centroamericano lo prohíbe. El mandatario hizo el anuncio durante el discurso pronunciado el jueves con motivo del Día de la Independencia de El Salvador.
Bukele quien se hizo aprobar en el parlamento la ley Bitcoin para declarar el activo digital como moneda de curso legal, defendió su reelección por otros cinco años enumerando una serie de logros de su gobierno, entre ellos, el combate de las pandillas criminales del país.
El anuncio del polémico presidente de 41 años llega en un momento de dificultades financieras debido al servicio de la deuda externa de El Salvador. Así como el hundimiento del Bitcoin (BTC) y fuertes críticas internas y externas sobre violaciones a los derechos humanos de su gobierno.
En sus palabras, Bukele anticipó que el anuncio de postularse para la reelección generaría críticas de otros gobiernos. “Es seguro que más de un país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión”, expresó el ex alcalde de San Salvador. “Pero ellos no son los que pueden decidir. El pueblo de El Salvador sí”, agregó.
Desaciertos económicos pero altos índices de popularidad
Si bien la política económica de Bukele asociada al Bitcoin ha sido puesta en duda por los empresarios salvadoreños y la mayoría de la población no usa la criptomoneda en sus operaciones comerciales diarias, el índice de aprobación de Bukele es muy alto.
Según la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP), Leonor Selva, la política monetaria del gobierno en torno al Bitcoin (BTC) no ha sido acertada para el gobierno ni para los salvadoreños hasta ahora.
De hecho, las empresas han notado una sensible “reducción en el uso de bitcoin”. Para la ejecutiva empresarial bitcoin “no ha obtenido los resultados de abrir nuevos mercados o generar más oportunidades de dinamización económica como se había propuesto”.
No obstante, los salvadoreños en su mayoría apoyan al gobierno de Bukele en su enérgica lucha contra los pandilleros que han mantenido azotado al país durante décadas. Según una encuesta de Cid Gallup en agosto, 84% de las personas encuestadas apoyaba las medidas represivas de Bukele contra las bandas criminales.
El Salvador es uno de los países con mayor índice de criminalidad del mundo. Se estima que a pesar de que unos 50000 pandilleros están tras las rejas, otros miles siguen en las calles causando asesinatos, robos y hurtos de vehículos.
Pero los grupos de derechos humanos, han lanzado duras críticas contra la política represiva del gobierno. Acusan al gobierno de realizar arrestos arbitrarios, actuar con violencia desmedida, no respetar el debido proceso y asesinar a pandilleros bajo custodia. El propio Bukele ha sido tachado de dictador por su forma de gobernar.
Fitch Rating recorta la calificación del país
Previo al anuncio de Bukele, Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de El Salvador a CC, al mismo nivel que Ucrania. La agencia calificadora de riesgo argumentó que el país presenta un alto déficit en su cuenta corriente.
Igualmente, El Salvador tendrá que desembolsar grandes sumas de dinero en amortizaciones de su deuda externa por lo que la probabilidad de incumplimiento está latente. Sin embargo, Bukele esta semana lanzó una oferta de recompra de deuda externa con vencimiento entre 2023 y 2025, por unos USD 360 millones.
Para postularse y buscar la reelección como presidente de El Salvador, Nayib Bukele necesita reformar la Constitución. Concretamente, los artículos 75 , 152, 248 que la prohíben expresamente. Él tiene la ventaja de contar con mayoría en la Asamblea Legislativa para aprobar cualquier reforma constitucional.
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